El Tribunal Militar Central ha estimado el recurso defendido por nuestro despacho y ha anulado una sanción económica impuesta por la Comandancia General de Melilla, posteriormente confirmada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. La Sala concluye que el expediente disciplinario había caducado cuando se dictó la sanción.

La sentencia pone de manifiesto la importancia de revisar con precisión los plazos de tramitación de los expedientes disciplinarios militares.

En este asunto, la defensa ejercida por Enrique Alcoba Vizcaíno, , sostuvo que la Administración había sancionado fuera del plazo máximo legal. Aunque la sanción fue confirmada en vía administrativa por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra —JEME—, el Tribunal Militar Central acogió finalmente la alegación de caducidad y anuló íntegramente la resolución sancionadora.

Además, ordenó la devolución de la cantidad descontada a la militar, junto con los intereses legales correspondientes.

📌 Resumen rápido de la sentencia

• Órgano judicial: Tribunal Militar Central, Sala de Justicia.
• Sentencia: número 59/2026.
• Fecha: 29 de junio de 2026.
• Procedimiento: recurso contencioso-disciplinario militar ordinario.
• Autoridad sancionadora: Comandancia General de Melilla.
• Resolución administrativa posterior: confirmación de la sanción por el JEME.
• Sanción impuesta: pérdida de diez días de haberes.
• Motivo decisivo del recurso: caducidad del expediente disciplinario.
• Resultado: anulación total de la sanción.
• Consecuencia económica: devolución íntegra de lo descontado, más intereses legales.

Los hechos: una sanción impuesta por la Comandancia General de Melilla

El expediente disciplinario se inició en abril de 2022 contra una cabo destinada en el Tercio «Gran Capitán» 1.º de La Legión, en Melilla.

Los hechos se referían a una incidencia producida durante el servicio con una superior jerárquica. La Administración consideró que la militar había incurrido en una falta grave de respeto o subordinación y le impuso una sanción económica equivalente a la pérdida de diez días de haberes.

La resolución sancionadora fue dictada por el Comandante General de Melilla.

Resulta relevante que la propia resolución administrativa reconociera que no había quedado acreditado que la cabo hubiera incumplido la orden recibida. Pese a ello, consideró sancionable la forma en la que se produjo la respuesta a la superior.

La sanción fue confirmada por el JEME

Frente a la resolución de la Comandancia General de Melilla se interpuso el correspondiente recurso administrativo.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra —JEME— confirmó la sanción en vía de alzada, agotando así la vía administrativa.

Según la tesis mantenida por la defensa, la alegación de caducidad no fue examinada con la profundidad necesaria, especialmente en lo relativo a:

• la duración real de la suspensión del expediente;
• el momento en el que desapareció la causa de suspensión;
• el número exacto de días que podían descontarse;
• y la fecha final del plazo máximo para dictar y notificar la sanción.

La confirmación administrativa obligó a acudir al Tribunal Militar Central para obtener una revisión judicial del cómputo de los plazos.

La actuación del despacho: detectar la caducidad y reconstruir toda la cronología

La defensa no se limitó a discutir los hechos atribuidos a la militar.

Uno de los elementos centrales del recurso fue la reconstrucción completa de las fechas del procedimiento disciplinario.

Para determinar si el expediente había caducado era necesario comprobar:

1️⃣ La fecha de incoación del expediente.

2️⃣ La fecha en la que se acordó su suspensión.

3️⃣ El motivo concreto de esa suspensión.

4️⃣ El momento en el que se comunicó el archivo de las diligencias penales.

5️⃣ Los días que podían excluirse legalmente del cómputo.

6️⃣ La fecha en la que se dictó y notificó la resolución sancionadora.

A partir de esa cronología, el despacho sostuvo que la Comandancia General de Melilla había dictado la sanción cuando el plazo máximo de tramitación ya había expirado.

La cuestión jurídica: ¿hasta cuándo podía permanecer suspendido el expediente?

El procedimiento disciplinario había sido suspendido debido a la existencia de diligencias penales relacionadas con los mismos hechos.

La cuestión decisiva consistía en determinar cuánto tiempo podía considerarse válidamente suspendido el expediente.

La Administración pretendía extender la suspensión durante un periodo más amplio, vinculándola a la finalización del procedimiento penal.

Sin embargo, el Tribunal Militar Central rechazó esa interpretación.

La Sala distingue entre dos cuestiones diferentes:

• la obligación de respetar los hechos declarados probados por una resolución judicial firme;
• y la duración concreta de la suspensión del expediente disciplinario.

Que la Administración deba respetar los hechos fijados por la jurisdicción penal no significa que pueda mantener suspendido indefinidamente el procedimiento disciplinario.

⚖️ La respuesta del Tribunal Militar Central

La Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas establece que los expedientes por falta grave deben resolverse y notificarse en un plazo máximo de un año.

De ese plazo únicamente pueden descontarse los periodos de suspensión que estén legalmente justificados.

En este caso, el Tribunal consideró que el único periodo que podía excluirse del cómputo era el comprendido entre:

• el acuerdo de suspensión del expediente, de 21 de junio de 2022;
• y la comunicación del archivo de las diligencias penales, de 14 de julio de 2022.

Ese periodo fue de 23 días.

El expediente había sido incoado el 7 de abril de 2022. Sumando al año ordinario de tramitación los 23 días de suspensión, la fecha límite para finalizar el procedimiento era el 30 de abril de 2023.

La resolución sancionadora se dictó el 23 de junio de 2023 y fue notificada el 26 de junio de 2023.

Por tanto, cuando la Comandancia General de Melilla impuso la sanción, el expediente ya se encontraba caducado.

Ratio decidendi: una suspensión no puede prolongar indefinidamente el procedimiento

La idea central de la sentencia puede resumirse así:

La suspensión de un expediente disciplinario no permite a la Administración ampliar de forma indefinida el plazo para resolver y sancionar.

El Tribunal recuerda que los plazos máximos de los procedimientos sancionadores no son una cuestión secundaria.

Constituyen una garantía de seguridad jurídica para la persona sometida al expediente y un límite al ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuando se acuerda una suspensión, debe poder determinarse con claridad:

• por qué se suspende el procedimiento;
• desde qué fecha produce efectos;
• cuándo desaparece la causa de suspensión;
• y cuántos días pueden excluirse del cómputo.

La Administración no puede utilizar una suspensión para mantener abierto el expediente durante más tiempo del permitido legalmente.

El fallo: anulación completa de la sanción

El Tribunal Militar Central estimó el recurso interpuesto por la militar y declaró:

✅ La anulación de la sanción impuesta por la Comandancia General de Melilla.

✅ La anulación de la resolución del JEME que la confirmó en vía administrativa.

✅ La eliminación de todos los efectos derivados de la sanción.

✅ La devolución íntegra de la cantidad descontada.

✅ El abono de los intereses legales desde la ejecución de la sanción hasta su restitución efectiva.

El resultado supone una reparación completa de las consecuencias económicas de la resolución sancionadora.

La sentencia prevé la posibilidad de preparar recurso de casación en los términos legalmente establecidos, por lo que no debe presentarse como firme mientras no conste expresamente esa circunstancia.

De la Comandancia General de Melilla al Tribunal Militar Central

El recorrido del asunto fue el siguiente:

• La Comandancia General de Melilla impuso la sanción.
• La defensa recurrió la resolución en vía administrativa.
• El JEME confirmó la sanción.
• La defensa acudió al Tribunal Militar Central.
• El Tribunal acogió la alegación de caducidad.
• La sanción y su confirmación administrativa fueron anuladas.
• La Administración deberá devolver el importe descontado, con intereses.

Este recorrido demuestra que la confirmación de una sanción en vía administrativa no impide obtener su anulación ante los tribunales cuando existen defectos jurídicos relevantes.

🛡️ La actuación de Abogados Melilla

La estrategia jurídica se centró en demostrar que el expediente había excedido el plazo máximo de tramitación y que la Administración había computado de manera excesiva el periodo de suspensión.

La alegación exigía algo más que señalar que había transcurrido un año. Era necesario reconstruir toda la secuencia del procedimiento, identificar el momento exacto en el que desapareció la causa de suspensión y calcular el plazo final conforme a la legislación disciplinaria militar.

Aunque la Comandancia General de Melilla impuso la sanción y el JEME la confirmó posteriormente, la defensa mantuvo la alegación de caducidad ante el Tribunal Militar Central.

La Sala acogió ese planteamiento y concluyó que solo podían descontarse 23 días, por lo que la sanción había sido dictada fuera de plazo.

El resultado fue la estimación del recurso, la anulación íntegra de las resoluciones administrativas y la recuperación de la cantidad descontada, más los intereses legales, sin entrar a valorar el otro motivo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 

Claves prácticas de la sentencia

Esta resolución ofrece varias enseñanzas relevantes para los procedimientos disciplinarios militares.

1. No basta con discutir los hechos

La defensa debe revisar también los plazos, las notificaciones, las suspensiones y cada una de las garantías del procedimiento.

2. La caducidad puede determinar la anulación total

Cuando la resolución sancionadora se dicta una vez superado el plazo máximo, el expediente debe declararse caducado.

3. Las suspensiones deben computarse de forma estricta

No todo el tiempo transcurrido durante unas actuaciones penales puede excluirse automáticamente del plazo disciplinario.

4. La vía administrativa no siempre corrige el defecto

Una sanción puede ser confirmada por el órgano superior y, aun así, ser posteriormente anulada por el Tribunal.

5. La cronología puede ser decisiva

En muchas ocasiones, el éxito del recurso depende de revisar día por día la tramitación del expediente.

Ficha rápida

En palabras sencillas

La Administración dispone de un tiempo limitado para tramitar un expediente disciplinario.

Puede suspenderlo en determinados supuestos, pero esa suspensión no puede durar indefinidamente ni utilizarse para ampliar artificialmente el plazo para sancionar.

En este caso, la Comandancia General de Melilla impuso la sanción cuando el expediente ya había caducado.

Aunque el JEME confirmó posteriormente la resolución, el Tribunal Militar Central acogió el argumento defendido por nuestro despacho, anuló la sanción y ordenó devolver a la militar todo lo descontado, con intereses.

En conclusión

La caducidad no es una simple formalidad procesal.

Es una garantía que limita la potestad sancionadora de la Administración y protege al militar frente a procedimientos que se prolongan más allá de lo permitido legalmente.

Esta sentencia demuestra la importancia de analizar cada fecha, cada suspensión y cada actuación administrativa. También confirma que una sanción impuesta por la Comandancia General de Melilla y ratificada por el JEME puede ser anulada judicialmente cuando no se han respetado los plazos del procedimiento.

En Abogados Melilla contamos con experiencia en Derecho militar y en la impugnación de sanciones disciplinarias. Una revisión técnica y detallada del expediente puede revelar defectos de tramitación que resulten decisivos para la defensa.